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08/02/2018 - Redacción Preparar para imprimir   Bookmark and Share
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Madrid y Barcelona exigen al Estado que luche contra la contaminación
Las ciudades de Madrid y Barcelona exigen una mayor participación del Estado en la lucha contra la contaminación después que el Estado no haya atendido sus demandas para actuar en todo lo que es de su competencia

La contaminación es un problema de Estado que afecta a la salud de las personas. Frente a esta situación Madrid y Barcelona, tal y como han explicado las responsables de medio ambiente de ambas ciudades, Inés Sabanés y Janet Sanz respectivamente, están trabajando cada una desde su ámbito competencial, desarrollando sus planes específicos. Unas medidas que han sido recogidas respectivamente en el Programa de Medidas contra la Contaminación Atmosférica de Barcelona y en el Plan A de Madrid.

Dado que la contaminación atmosférica no entiende de fronteras administrativas y que son necesarios cambios de modelo, principalmente en la movilidad, que superen lo estrictamente municipal, hace falta una aproximación multinivel para resolver el problema con éxito. Es por ello que desde el ámbito municipal se está trabajando a escala local, y al mismo tiempo, se insta a promover que las otras administraciones con competencias relevantes en la lucha contra la contaminación se involucren activamente.

En este sentido se han producido algunos progresos significativos. El año 2017 el conjunto de administraciones catalanas, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, 40 municipios del entorno metropolitano y la Generalitat de Catalunya, fueron capaces de acordar, cada una desde su ámbito competencial, un Plan de Acción Conjunto.

Igualmente también en el 2017, por primera vez los ayuntamientos de Madrid y Barcelona pidieron conjuntamente al Estado que implantara doce medidas contra la contaminación atmosférica en los ámbitos de su competencia.

Hasta el momento, sólo se han visto avances en dos de las medidas, y una de ellas sólo de manera parcial. Ambas administraciones consideran que no es suficiente. El derecho a la salud debe ser garantizado por todas las administraciones, y por lo tanto, es imprescindible que todas las administraciones actúen de manera decidida.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también propuso al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en mayo la creación de un grupo de trabajo interministerial para promover medidas nacionales de mejora de la calidad del aire, sin que se haya obtenido respuesta hasta el momento.

También la Comisión Europea ha reclamado al Estado español, como estado miembro, un nuevo plan más ambicioso para afrontar los altos niveles de contaminación. Barcelona y Madrid ya están aplicando sus planes pero creen que el Estado no hace bastante en temas que son de su competencia.

Por ejemplo, la misma Unión Europea señala en su dictamen contra España del pasado mes de febrero, que el Estado es responsable de un sistema fiscal que incentiva el uso de vehículos diésel y que las medidas contenidas en el Plan Aire nacional no existe ninguna medida que sirva para reducir significativamente las emisiones de NO2 de los vehículos diésel, de forma que se dificulta a las entidades locales el cumplimiento de los límites de contaminación. La Comisión Europea recalca la importancia de tomar medidas a escala estatal. 

 

 









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